En el mundo del compliance, las grandes empresas suelen acaparar la atención. Las normas, circulares y marcos internacionales se diseñan pensando en ellas, en sus áreas legales, en sus comités especializados y en sus equipos de cumplimiento. Además, como sus propietarios son más diversos y atomizados —incluyendo inversionistas institucionales como las AFP— están obligadas a contar con estándares de gestión de conflictos de interés mucho más robustos.
Pero, ¿qué pasa con las pymes y con las empresas familiares, que representan cerca del 60% de las compañías en Chile y sostienen una parte fundamental del empleo? Muchas veces quedan en un limbo: sin claridad sobre qué exigencias realmente les alcanzan ni con la capacidad técnica para implementarlas.
El resultado es predecible. Algunas improvisan, copiando manuales de internet o instalando buzones de denuncias vacíos de contenido, en un intento desesperado por mostrar que “tienen compliance”. Otras quedan atrapadas en un mar de exigencias trasladadas desde sus clientes más grandes, que, por motivos de malentendido compliance, tienden a imponer a sus proveedores checklists de requerimientos imposibles.
La paradoja es evidente: en vez de fortalecer su integridad, estas exigencias pueden transformarse en un obstáculo, alejándolas de su foco productivo y consumiendo recursos escasos que se pierden en burocracia.
A esto se suman riesgos propios del ámbito familiar: el nepotismo en la contratación, los conflictos de intereses con proveedores ligados por parentesco o los directorios nominales donde la independencia brilla por su ausencia y las decisiones carecen de trazabilidad.
Muchas veces se instala la ilusión de que, por tratarse de un negocio “privado” o “de familia”, estas empresas están exentas de estándares éticos y de cuidado reputacional. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: todas forman parte de una economía donde la corrupción, los conflictos socioambientales o las vulneraciones de derechos humanos pueden afectar por igual, con consecuencias insalvables en su valor de marca.
El riesgo es que el compliance se vuelva extractivo: absorber tiempo y energía de las pymes en beneficio de otros, sin devolverles valor ni generar cambios reales en su cultura organizacional. Y aquí está la gran oportunidad perdida. Porque las empresas familiares tienen una ventaja competitiva que muchas grandes envidiarían: la cercanía de sus dueños, la cultura transmitida de generación en generación, el sentido de legado que puede ser la mejor ancla ética. Un compliance bien entendido debería ayudar a traducir esos valores en prácticas y controles simples, proporcionales y efectivos.
La pregunta que debiéramos hacernos es si queremos un ecosistema de pymes llenas de formularios y políticas que nadie lee, o un tejido empresarial consciente de sus riesgos, preparado para gestionarlos y capaz de crecer en forma sana. El compliance, mal implementado, puede ser una verdadera lápida para el crecimiento, sofocando la innovación y desviando recursos vitales. Bien diseñado, en cambio, puede ser un puente que las conecte con nuevas oportunidades y las haga más competitivas. Para eso, necesitamos proporcionalidad, acompañamiento y lineamientos claros que diferencien según tamaño y realidad de la empresa.
En tiempos en que la confianza es un activo escaso, no basta con exigir sin mirar el contexto. Si el compliance es de verdad “hacer lo correcto”, entonces el camino para las pymes y empresas familiares no puede ser la copia ciega de manuales ajenos, sino la construcción de una cultura propia, simple y genuina, que hable en su idioma y esté a la altura de sus riesgos y posibilidades.
Columna publicada originalmente en La Tercera. Leer el original aquí.
