Las políticas públicas serias incomodan. Un registro de beneficiarios finales incomoda, precisamente, a quienes prefieren que el controlador real, el dueño final, siga fuera de foco detrás de sociedades o fondos. En Chile la discusión ya está abierta: el Ejecutivo ingresó al Senado, el 18 de diciembre de 2023, el proyecto que crea un “Registro nacional de personas beneficiarias finales” (Boletín 16.475-05).
Imaginemos: un directorio revisa la compra de una empresa que en el papel parece impecable, con buenos estados financieros y asesorías de primer nivel. Todo está en orden hasta que alguien pregunta: ¿quién controla realmente? La respuesta puede ser una presentación exhaustiva de sociedades, vehículos y representantes, pero el nombre del beneficiario final no aparece. Ahí la conversación se vuelve incómoda: el riesgo deja de ser contable y pasa a ser un riesgo de integridad. Ese dueño invisible es un riesgo real.
Un registro de esta naturaleza permitiría identificar rápidamente a los verdaderos dueños o controladores, dificultando el uso de entidades pantalla para ocultar actividades ilícitas. Y no es una ocurrencia local: el Gafi (Fatf) lo exige en sus recomendaciones 24 y 25, al pedir que las autoridades competentes accedan oportunamente a información adecuada, exacta y actualizada sobre quién está detrás de personas y estructuras jurídicas.
La pregunta, entonces, no es si el Estado debe saber quién está detrás del dinero. La pregunta correcta es por qué, en 2026, seguimos aceptando que esa información no esté disponible o no sea verificable. Sin beneficiario final, la debida diligencia se vuelve cumplimiento meramente formal: papeles correctos, pero realidad invisible. Y cuando la verdad no puede verse, el costo lo paga el mercado entero: sube el riesgo, se encarece el financiamiento y se erosiona la confianza.
Es legítima la inquietud sobre cómo el Estado resguardará datos sensibles y evitará intrusiones arbitrarias. Pero un registro bien diseñado no es un capricho tecnocrático: es infraestructura de confianza para la economía. Ayuda a prevenir y perseguir con más eficacia el lavado de activos, la corrupción y el fraude. También protege algo menos noticioso y más decisivo para el crecimiento: la competencia leal.
Cuando no sabemos quién controla una sociedad o un fondo, es más fácil ocultar conflictos de interés, usar proveedores pantalla o mover recursos a través de estructuras sin rostro. Y aunque todo sea correcto, la opacidad igual termina erosionando la confianza. En simple: la opacidad premia al que juega sucio.
El debate no debiera estar centrado en si debe o no existir un registro, sino en cómo hacemos que este tenga reglas claras e inteligentes. Primero, debe haber un acceso escalonado, por cuanto no todo potencial usuario necesita verlo todo; en segundo lugar, debe existir una debida trazabilidad y control, de modo que cada consulta debe quedar registrada (cuándo, cómo y por qué). Junto con eso, es imperioso que se establezcan sanciones al mal uso y filtraciones, ya que la transparencia es un capital que el Estado debe resguardar. Por último, la información no puede quedar encerrada en un silo, sino que debe conversar con los sistemas tributarios, financieros y de persecución penal, bajo estándares claros.
Chile necesita una arquitectura institucional sólida, y un registro de beneficiarios finales puede ser uno de esos pilares. Aprobarlo es importante; aprobarlo bien, con resguardos, con dientes y con trazabilidad, es indispensable. Porque el dueño invisible es un riesgo real. Y la transparencia, con resguardos, es una de las formas más simples de bajar el riesgo país. Que el debate no se pierda en miedos: lo que está en juego es la confianza.
Columna publicada originalmente en La Tercera. Leer el original aquí.
