Según la última encuesta CEP, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) es la institución más respetada, con cerca del 60% de aprobación, y la que genera mayor confianza en Chile, pero paradojalmente esta semana se conoció la condena contra su exdirector, Héctor Espinosa -y su esposa María Magdalena Neira-por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.
La investigación del Ministerio Público contra Espinoza terminó por demostrar lo que nunca debió ocurrir: que el exdirector desvió fondos reservados de la PDI hacia sus cuentas personales y las de su cónyuge, utilizándolos para la compra de bienes inmuebles. Según conocimos en desarrollo del proceso penal, el blanqueo de los dineros se realizó a través de operaciones inmobiliarias con documentación falsificada para intentar desviar o encubrir los movimientos financieros.
Todo lo que hizo el exdirector de la PDI es de manual: usó los métodos que describen y advierten todos los organismos multilaterales, que se estudian en todas las jurisdicciones y en cada curso anticorrupción que se dicta a lo largo del mundo. De seguro la PDI cuenta con procedimientos bastante estrictos sobre el comportamiento que se espera de sus agentes, pero que en el caso de su máxima autoridad fueron inútiles e inservibles para evitar que ahora esté condenado a 17 años de cárcel.
La trampa no está en los controles en sí, sino en la forma en que se utilizan y se comprenden por parte de las organizaciones. Así, la disciplina o la subordinación sin criterios éticos que la sostengan deja de ser una virtud y pasa a ser un riesgo. Cuando la falla viene de arriba, desde las altas esferas de la gobernanza, el único antídoto es una cultura ética viva.
El autor Jim Nortz señalaba -en su libro It’s Your Culture, Stupid– que “sin una sólida cultura de ética, incluso el mejor programa de cumplimiento y ética es solo una fachada”, y esto se debe esencialmente a una desalineación entre ética y estructura de la gobernanza, donde la función se instala en los departamentos o áreas jurídicas y de auditoría, pero no en la totalidad de la organización. La línea de mando en ningún caso puede inhibir el deber ético de las personas de denunciar y frenar actos corruptos, sean en una entidad clave como la PDI o en una empresa por muy pequeña que sea.
Y es justamente ahí donde surge la urgencia de un mando ético, acompañado de supervisión inteligente y culturas que no callen frente al poder. Solo así las instituciones podrán resistir desviaciones que se originan desde la cima.
El desafío de futuro para la PDI, el sistema de justicia en general, el Estado y las empresas es avanzar hacia una gestión ética de la gobernanza donde existan incentivos constantes o “empujoncitos” para que las personas abracen el comportamiento ético por convicción, en vez de hacerlo por temor a la línea de mando, a la jefatura o a la burocracia.
La condena a Espinoza no es solo una pena impuesta a una persona que dirigió una institución durante un determinado periodo: es una condena a la forma en que Chile entendió, durante muchas décadas, el mando y el poder. Y esa forma ya no se sostiene.
Columna publicada originalmente en La Tercera. Leer el original aquí.
