Hay momentos en que una institución no puede limitarse a defenderse: tiene que mirarse al espejo. Cuando la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, en la cuenta pública 2025 habla de crisis, vergüenza e integridad, no está haciendo un gesto comunicacional. Está reconociendo, a mi juicio, que la confianza pública no se sostiene por tradición, cargo o ceremonia; se sostiene por conductas y por mecanismos capaces de prevenir, detectar y sancionar las faltas.
Que además se admita que parte de lo hoy conocido era, en alguna medida, un secreto a voces deja una clara lección: cuando los problemas se saben, pero no se enfrentan a tiempo, terminan dejando de ser comentarios para convertirse en hechos. Y cuando eso ocurre, el daño ya está hecho. No solo para quienes incurrieron en conductas impropias, sino para la legitimidad del sistema completo.
La pregunta obvia es si basta con apelar a la ética personal de jueces y juezas. Probablemente no. La integridad es, por supuesto, una virtud individual. Pero en instituciones complejas, la integridad también es diseño o gobernanza: reglas claras, controles que no se negocian, trazabilidad de decisiones, consecuencias para las faltas y una cultura que no premie el atajo ni la complacencia. Cuando esa arquitectura es débil o incompleta, cualquier crisis se vuelve contagiosa.
Y aquí está, a mi juicio, el punto más importante: la integridad en la justicia es una cadena. No depende de una sola pieza. Jueces, fiscales, abogados, funcionarios y organismos auxiliares forman parte de un mismo ecosistema. El ciudadano no distingue con precisión dónde se originó la falla: percibe un resultado. Y ese resultado es desconfianza.
El Ministerio Público también es parte de esa cadena. Su tarea es indispensable para combatir la impunidad, y precisamente por eso su legitimidad depende de cómo ejerce sus atribuciones: con criterios claros, proporcionalidad y rendición de cuentas. Cuando esos bordes se perciben nítidos, se fortalece la confianza; cuando se perciben difusos, se resiente.
Por eso, cuando se propone mirar también la calidad ética de la profesión de abogado, se instala una discusión de fondo. La ética en el ejercicio profesional no puede ser un accesorio, porque el abogado no es un mero representante: influye en la forma en que se litiga, en el uso —o abuso— del proceso, en los incentivos y en el tono de la relación con el tribunal y con la contraparte. Si ese eslabón se debilita —por incentivos, por normalización del atajo o por falta de consecuencias—, el sistema entero se resiente.
Todo esto exige elevar la mirada desde el discurso a la construcción institucional. Fortalecer mecanismos disciplinarios, robustecer controles y trazabilidad, revisar cómo se forman y habilitan los profesionales, separar funciones donde la acumulación genera riesgos y asegurar procedimientos oportunos y justos no es un detalle técnico: es la diferencia entre una ética declamada y una ética exigible. No se trata de moralizar ni de desconfiar de todos; se trata de diseñar sistemas que hagan difícil lo indebido, detecten temprano y corrijan con rapidez, con garantías, pero también con efectividad.
Si el país quiere recuperar confianza, no bastan los llamados a la integridad, por necesarios que sean. Se requiere un compromiso con instituciones que funcionen en la práctica: estándares aplicables, supervisión real, procedimientos claros, protección para quienes alertan irregularidades y sanciones que no dependan del clima político o mediático.
La ética no puede descansar solo en la voluntad. Y la confianza no se construye esperando que todos sean excepcionales, sino diseñando sistemas que funcionen incluso cuando las personas no lo son. En una democracia, la confianza no se exige: se merece. Y se merece con hechos.
Columna publicada originalmente en La Tercera. Leer el original aquí.
