La nueva directiva anticorrupción de la Unión Europea, aprobada por el Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2026 y posteriormente adoptada por el Consejo de la Unión Europea en abril de este año, podría leerse simplemente como una señal de mayor exigencia regulatoria. Pero, a mi juicio, su valor más interesante está en otro lugar. Más que endurecer reglas, lo que hace es reafirmar una idea que hace tiempo vengo empujando y que hoy se vuelve cada vez más difícil de discutir: la integridad no puede seguir viéndose como un asunto periférico. Es una condición básica de la calidad institucional.
Durante años, en muchas organizaciones, el compliance fue entendido sobre todo como una barrera de contención. Algo útil para bajar exposición, responder a exigencias regulatorias o enfrentar de mejor manera una investigación. Algo necesario, por cierto, pero todavía circunscrito a una lógica defensiva.
La conversación que hoy empuja Europa va bastante más allá. No se limita a tipificar delitos o endurecer sanciones. A mi entender, apunta a algo más amplio como es la necesidad de contar con instituciones capaces de sostener integridad en serio. Y eso supone conectar normas, controles, cultura, transparencia, rendición de cuentas, protección de denunciantes y capacidades institucionales. En otras palabras, supone entender que la integridad no se juega solo en el papel, sino que se juega en la manera en que las instituciones se gobiernan.
Chile no parte de cero. La Ley 20.393, especialmente tras la reforma introducida por la Ley 21.595, dio un paso importante al dejar atrás la lógica del checklist y exigir modelos de prevención efectivamente implementados, adecuados al giro, tamaño, complejidad y riesgos de cada organización. Ese cambio fue relevante. Pero justamente por eso sería un error leerlo de manera estrecha. Nunca se trató solo de cumplir para evitar sanciones. Se trata de construir organizaciones capaces de prevenir, detectar y reaccionar de verdad sin abandonar su esencia.
Y esa conversación no debiera quedar encerrada en la empresa privada. También alcanza al Estado, a sus órganos, a sus sistemas de control y a la forma en que se distribuyen responsabilidades, se gestionan conflictos de intereses y se resguarda la autonomía de quienes deben supervisar. Cuando la corrupción se instala, o cuando las debilidades institucionales le abren espacio, lo que se deteriora no es solo el cumplimiento de una norma. Se erosiona la credibilidad de las instituciones, se debilita la igualdad ante las reglas y se resiente la confianza que sostiene tanto a los mercados como a la misma democracia.
En ese contexto, conviene también hacer un esfuerzo consciente por no mirarnos solo a nosotros mismos. Estos debates no se están dando en el vacío. Los países que han enfrentado con mayor madurez estos desafíos han ido entendiendo que la integridad no se construye desde compartimentos aislados, sino desde la integración de distintos subsistemas que deben conversar entre sí, respetando su sentido y propósito. Y si hay un propósito que no admite ambigüedades, es el del sistema país resguardando adecuadamente la democracia y la confianza pública que la sostiene.
Por eso la señal que llega desde Europa vale la pena mirarla con atención. No porque haya que copiarla sin más, sino porque confirma que el camino correcto no pasa por multiplicar formularios ni por descansar en modelos meramente cosméticos. Pasa por fortalecer la gobernanza, por tomarse en serio la calidad institucional y por asumir que la integridad no es un anexo ni una carga burocrática. Es parte de la base sobre la que se sostiene una sociedad que quiere funcionar bien. Cuando esa base se debilita, no falla solo el compliance. Fallan las instituciones.
Columna publicada originalmente en La Tercera. Leer el original aquí.
