Con el diario del lunes, todos somos expertos en conflictos de intereses. Cuando una decisión resulta controvertida o no nos gusta, revisamos inversiones, relaciones profesionales y vínculos familiares. Casi siempre encontraremos algún interés y será fácil concluir que la decisión estaba contaminada.
El debate abierto a propósito de la llamada megarreforma lo muestra bien. Se ha discutido si autoridades que podrían beneficiarse patrimonialmente con algunas de sus disposiciones deben quedar fuera de su tramitación o de sus beneficios. Es legítimo examinar esos vínculos. Pero una política de alcance general no puede analizarse igual que una decisión diseñada para favorecer a una persona o empresa determinada. La respuesta exige algo más difícil que la sospecha: distinguir.
Los conflictos no se gestionan con el diario del lunes. Se identifican antes de decidir. No es lo mismo descubrir un interés oculto que conocerlo oportunamente, evaluar su relevancia y adoptar resguardos. Tampoco es igual un beneficio directo y material que uno remoto o eventual, ni tener poder para resolver que participar en una conversación.
Sin embargo, hemos comenzado a llamar conflicto de interés a casi todo. Basta con que una autoridad tenga patrimonio, que un parlamentario haya ejercido una profesión o que una empresa participe en la discusión de una norma que la afectará para exigir su exclusión.
Llevada al extremo, esa lógica impediría a médicos intervenir en debates sobre salud; a profesores, en educación; a trabajadores, en legislación laboral; y a empresarios, en normas económicas. Terminaríamos escuchando solo a quienes no conocen la actividad o parecen no tener intereses porque nadie los ha identificado.
Quienes serán afectados por una regulación tienen, por definición, intereses. También los tienen gremios, sindicatos, consumidores y organizaciones sociales. Todos ellos son legítimos y deben poder expresarse. El problema no es su existencia, sino que alguno opere de manera opaca, acceda en condiciones privilegiadas o termine capturando la decisión. El interés empresarial suele ser más visible, pero no es el único. Participar, además, no es decidir. Escuchar a una industria no significa entregarle la redacción de una ley.
El desafío es transparentar quién busca influir, en representación de quién, sobre qué decisión y con qué argumentos; equilibrar las voces y preservar la responsabilidad de quien resuelve. La Recomendación de la OCDE sobre Transparencia e Integridad en el Lobby y la Influencia reconoce que la participación de los grupos de interés puede aportar información y experiencia muy relevante para construir mejores políticas públicas. Excluirlos no hace desaparecer su influencia. Puede desplazarla hacia canales menos visibles y producir decisiones peor informadas.
Tampoco necesitamos inventar la rueda dentro de las organizaciones. La ISO 37009:2025 entrega orientaciones para identificar, evaluar, resolver y monitorear conflictos reales, potenciales y aparentes. Su lógica no es prohibirlo todo, sino gestionar según el riesgo.
Cuando todos los intereses reciben el mismo tratamiento, el sistema deja de priorizar. Multiplicamos declaraciones que nadie revisa, abstenciones rituales y prohibiciones que privan a las decisiones de conocimiento valioso. Al mismo tiempo, desviamos la atención de los conflictos realmente graves, que son los directos, materiales, ocultos y asociados a una capacidad efectiva de influir.
La proporcionalidad no rebaja el estándar. Lo hace más exigente. A veces bastará con transparentar o incorporar una revisión independiente. En otras ocasiones será necesario abstenerse o apartarse completamente.
La integridad no exige una burbuja libre de influencias, sino decisiones que no hayan sido capturadas por una de ellas. Porque cuando todo es conflicto, dejamos de distinguir. Y entonces los conflictos verdaderamente graves encuentran el mejor lugar para esconderse.
Columna publicada originalmente en La Tercera. Leer el original aquí.
