Cada cierto tiempo, un caso de lavado de activos vuelve a instalar la pregunta de si fallaron los controles. La interrogante es legítima, pero a mi juicio insuficiente. Durante años el foco ha estado puesto en detectar movimientos inusuales u operaciones sospechosas. Todo eso sigue siendo relevante, pero el lavado de activos ha evolucionado, y si el fenómeno cambió, también debe cambiar la forma en que lo enfrentamos.
Hoy el riesgo no es únicamente que el crimen organizado introduzca recursos ilícitos en el sistema financiero, sino que esos recursos, una vez dentro de la economía formal, se transformen en propiedad, influencia, poder económico y capacidad de decisión. En otras palabras, el problema no es solo quién deposita el dinero, sino quién termina sentado en la mesa donde se toman las decisiones.
Una organización criminal no necesita controlar abiertamente una empresa para influir en ella. Puede hacerlo lenta y gradualmente, a través de terceros, sociedades interpuestas, inversiones aparentemente legítimas o participaciones que, acumuladas en el tiempo, generan poder real. Puede adquirir activos, financiar negocios o ingresar a sectores donde el origen de los fondos se diluye detrás de operaciones ordinarias.
Cuando el dinero ilícito logra convertirse en actividad económica formal, deja de parecer una amenaza externa. Comienza a confundirse con inversión, empleo, emprendimiento, liquidez o crecimiento. Y ahí el desafío se vuelve mucho más complejo, porque ya no estamos solo frente a un problema policial o financiero, sino frente a un problema de gobernanza.
Por eso, la discusión sobre lavado de activos no puede limitarse a si hubo reportes, alertas o si faltan más obligaciones formales. En muchos casos, además, esa información es secreta y reservada, como corresponde en un sistema que debe proteger tanto la eficacia de las investigaciones como los derechos de las personas.
¿Tenemos un sistema capaz de identificar quién está realmente detrás del dinero? La identificación del beneficiario final es una pieza crítica. No basta con saber quién aparece formalmente como dueño, accionista, representante o administrador. Lo relevante es identificar quién controla, quién se beneficia y quién ejerce influencia efectiva sobre una estructura jurídica o patrimonial. Sin esa información, seguiremos mirando la superficie de las operaciones mientras el verdadero poder se desplaza por debajo.
Un sistema antilavado moderno no debiera medirse por la cantidad de obligaciones que impone ni por el número de sujetos obligados registrados ante la UAF, sino por su capacidad para producir inteligencia financiera útil. Eso exige mejores datos, colaboración público-privada, análisis de redes, información oportuna sobre beneficiarios finales y supervisión focalizada en los riesgos relevantes.
El crimen organizado aprende, se adapta y utiliza las grietas del sistema formal. Sabe que la verdadera protección no está solo en esconder dinero, sino en hacerlo parecer legítimo y, más aún, convertirlo en influencia. Por eso, combatir delitos y lavado de activos no es solo seguir la ruta del dinero; es también seguir la ruta del poder que ese dinero puede comprar.
Chile cuenta con una institucionalidad antilavado que ha permitido investigar casos complejos y que debe ser valorada. Pero también debe revisarse y fortalecerse permanentemente, no para hacerla más pesada, sino más inteligente, más colaborativa y más capaz de anticiparse. Porque el verdadero peligro no es solo que el dinero sucio entre al sistema; es que, una vez adentro, deje de parecer sucio y empiece a decidir.
Columna publicada originalmente en Diario Financiero. Leer el original aquí.
