¿Puede un sistema de prevención del lavado de activos ser tan estratégico para un país como su política energética o la protección de su infraestructura crítica?
Hace algunos años la pregunta habría parecido exagerada. Hoy ya no tanto. En una reciente publicación del Fondo Monetario Internacional, Josh Lipsky, director del GeoEconomics Center del Atlantic Council, sostiene que la geoeconomía ha vuelto a ocupar un lugar central porque la economía y la seguridad dejaron de ser ámbitos separados. Los flujos financieros, la tecnología, las cadenas de suministro, los minerales críticos y los sistemas de pago son también instrumentos de poder.
Si aceptamos ese diagnóstico, también debemos revisar el rol que asignamos al sistema de prevención del lavado de activos. Su aporte ya no se limita a combatir el crimen, sino que contribuye también a proteger la confianza sobre la que funcionan los mercados y la integridad de la economía.
Durante décadas lo entendimos principalmente como una herramienta para enfrentar el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado. No cabe duda de que esa función sigue siendo indispensable, pero a mi juicio hoy resulta insuficiente. En un mundo geoeconómico, no importa solo de dónde provienen los recursos. También importa quién los controla, dónde se invierten, qué activos adquieren y qué capacidad de influencia pueden llegar a generar.
El riesgo no termina cuando el dinero ilícito ingresa a la economía formal. Muchas veces, recién comienza cuando ese dinero se transforma en propiedad, capacidad de inversión, poder económico o influencia sobre espacios de decisión. La prevención del lavado deja entonces de ser únicamente una política criminal para convertirse también en una política de gobernanza, de seguridad económica y de crecimiento.
Desde esa perspectiva, la inteligencia financiera adquiere un valor estratégico. Identificar beneficiarios finales, comprender redes financieras complejas, analizar operaciones inusuales y compartir información de calidad permite anticipar riesgos antes de que comprometan mercados e instituciones.
Chile tiene hoy una oportunidad para mirar esta discusión con mayor ambición. Aunque el proyecto que crea un subsistema de inteligencia económica ya se encuentra en una fase legislativa avanzada (tercer trámite constitucional), deja instalada una pregunta de fondo sobre las capacidades que necesitamos como país para anticipar riesgos que se mueven entre la economía formal, el crimen organizado y los mercados. Esa reflexión debiera conectarse también con el recién anunciado anteproyecto de ley de Mercado de Capitales IV. No basta con aspirar a mercados más profundos, sino que necesitamos mercados más íntegros, transparentes y confiables.
Pero ese desafío no recae solo en el Estado. La inteligencia financiera es una tarea de corresponsabilidad.
Fortalecer a la Unidad de Análisis Financiero es indispensable. Sin embargo, un sistema basado en riesgos solo funciona cuando autoridades, reguladores y actores privados comprenden el rol que les cabe. Quienes participan en los mercados poseen información, conocen las dinámicas de sus sectores y son, o debiesen ser, los primeros en advertir señales que ninguna institución pública podría detectar por sí sola.
Por eso, la participación de las empresas no debiera entenderse únicamente como una obligación regulatoria. También forma parte de su propósito y de su propia sostenibilidad. Proteger la integridad de los mercados significa proteger las condiciones que hacen posible competir, invertir y generar valor de manera legítima.
En un mundo donde el poder también se mueve a través del dinero, fortalecer la inteligencia financiera no es solo una política de control. Es una decisión absolutamente estratégica para proteger la integridad económica del país y la sostenibilidad de quienes participan en ella. Y también, por cierto, una forma más inteligente de combatir al crimen organizado.
Columna publicada originalmente en La Tercera. Leer el original aquí.
